El acceso a una alimentación sostenible es un derecho y una necesidad para el desarrollo pleno de todas las personas. No hay otra respuesta. Todos tenemos derecho a alimentarnos de manera digna, tanto en cantidad como en calidad, teniendo a nuestro abastecimiento esos alimentos nutritivos que nos permiten crecer y desarrollarnos. Sin embargo, el impacto socioeconómico de la pandemia de la Covid-19 ha puesto sobre la mesa la dificultad de millones de personas para acceder a la alimentación en España.
Un hecho que ya se venía observando años atrás, pero que ahora, con la reciente crisis derivada de la Covid-19 se ha hecho todavía más evidente. Así lo describe el informe 'Alimentando un futuro sostenible', presentado por la Universidad de Barcelona (UB) y la Fundación Daniel y Nina Carrasso (FDNC), un proyecto que mide por primera vez en España los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares españoles antes y durante la COVID-19.
Como principales objetivos, el estudio revela el problema de la inseguridad alimentaria en España; la falta de acceso a una alimentación sana y sostenible y la necesidad de promover medidas y políticas centradas en las personas y su dignidad para construir una sociedad más justa y asegure un planeta vivible para las generaciones futuras.
Una realidad ilustrada de forma recurrente de esto, son las colas del hambre, que se forman para recoger alimentos, mantas, pañales y otros productos de primera necesidad, y “cuya magnitud real no conocemos”, añade la investigadora.
Pero, ¿qué otros aspectos mide este estudio? Para empezar, el texto basa sus datos en una encuesta representativa a los hogares españoles, utilizando la escala FIES (Experiencia de inseguridad alimentaria) propuesta por las Naciones Unidas e internacionalmente reconocida, para medir el estado de la inseguridad alimentaria, es decir, el número de personas que carece de un acceso regular a la cantidad necesaria de alimentos inocuos y nutritivos capaces de asegurar su crecimiento y desarrollo normal.
Además de dicha escala y para alcanzar una mayor exactitud en los resultados, se han tenido en cuenta otros datos relevantes como son el nivel de ingresos en el hogar, la precariedad laboral, la recepción de ayudas o el estado de salud de sus miembros.
La inseguridad alimentaria en España: un problema estructural
Con este informe, que analiza y presenta los datos obtenidos mediante una encuesta telefónica realizada a 1.350 hogares de todas las comunidades autónomas, observamos como la “inseguridad alimentaria es un problema actual y estructural, no solo coyuntural o que afecta únicamente a ciertas personas, lo que puede agudizarse si no se ponen en marcha acciones políticas y sociales conjuntas”, explica la Dra. Claudia Rocío Magaña González, investigadora de la Universidad de Barcelona y coautora.
El dato más llamativo al respecto los encontramos en ese 13,3% de los hogares españoles que actualmente experimentan inseguridad alimentaria, lo que afecta a unos 2,5 millones de hogares y a casi 6.235.900 personas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, esta cifra equivaldría a que toda la población de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares juntas vivan de alguna forma esta problemática.
Casi un millón de hogares, con un total de 2.438.124 personas, ha tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos.
Con la Covid-19, el número de hogares que experimentan inseguridad alimentaria ha pasado del 11.9% al 13.3%, lo que suma a un total de 656.418 personas más, dato que, a su vez, demuestra que el problema es estructural y no producto de una determinada coyuntura.
Pero todavía hay más. Casi un millón de hogares (975.249), con un total de 2.438.124 personas, ha tenido que reducir su ingesta de alimentos por falta de recursos, es decir, sufre inseguridad alimentaria grave. De hecho, con los datos obtenidos, observamos como en España, la inseguridad alimentaria grave se ha duplicado desde que empezó la pandemia.
¿Cómo podemos interpretar todos estos resultados? Los expertos investigadores lo tienen claro: en España no se garantiza el derecho a la alimentación adecuada y, además, el país se encuentra lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre cero.
Inseguridad alimentaria, salud y niveles socio-económicos
Los hogares con un nivel socioeconómico más bajo y/o aquellos que tienen más dificultades para llegar a fin de mes son los primeros en sufrir inseguridad alimentaria. En esta línea, la investigación establece una relación clara entre la incidencia de inseguridad alimentaria y los casos donde todos o algunos de los miembros del hogar se encuentran en condiciones laborales precarias.
El 57% de hogares reciben ayudas de la Administración Pública y un 13% de familiares, amigos o vecinos para contrarrestar la experiencia de inseguridad alimentaria.
La inseguridad alimentaria tiene como consecuencias:
- El exceso de peso.
- Una enfermedad crónica
- Alguna discapacidad en alguno de los miembros de la familia.
En la encuesta también se pregunta si los hogares disponen de equipamiento para almacenar y cocinar alimentos frescos, de lo cual se desprende que más del 18% de los hogares carece de este tipo de infraestructura.
Alimentación sostenible para un planeta sostenible
Cuando hablamos de seguridad alimentaria, no solo nos referimos a la importancia de acceder a una cantidad suficiente de calorías y nutrientes, sino que alimentarse de forma sostenible también hace referencia al disfrute de vidas dignas y sanas, y también es una herramienta para atajar los retos ecológicos y generar prosperidad, salud y justicia social.
En definitiva, una alimentación sostenible implica producir, transformar, distribuir, adquirir y consumir alimentos de forma que beneficie a las personas, al planeta y a los territorios.
“Todas las personas tenemos derecho a una alimentación sostenible, que nos permita disfrutar de una vida sana y digna y, a la vez, asegure un planeta vivible para las generaciones futuras”, concluye la Dra. Ana Moragues Faus.
